Gómez Reino ve “inaceptable” que Louzan siga al frente de la Federación Galega de Fútbol con el “beneplácito” de la Xunta
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 (EUROPA PRESS)
El diputado en el Congreso de Unidas Podemos Antón Gómez Reino ha pedido al Consejo Superior de Deportes (CSD) y a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que cesen al presidente de la Federación Gallega de Fútbol, Rafael Louzán, de sus responsabilidades en la Tercera División tras ser condenado por prevaricación y fraude.
En concreto, el Juzgado de lo Penal número tres de Pontevedra condenó al que fuera presidente de la Diputación de Pontevedra con el PP –formación de la que pidió la baja– a dos años de prisión y ocho de inhabilitación para cargo público por prevaricación y fraude en relación a unas obras en un campo de fútbol en Moraña (Pontevedra).
“A pesar de esta condena”, el diputado de Unidas Podemos ha criticado que Louzán “continúe en su cargo”, hecho que ha calificado de “inaceptable”. Además, ha criticado que Louzán siga presidiendo la Federación Galega de Fútbol “con el beneplácito del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y del secretario general para el Deporte, José Ramón Lete.
“El silencio de ambos es significativo porque el que calla, otorga”, ha sostenido el parlamentario de Unidas Podemos, que ha registrado una iniciativa parlamentaria para que la Secretaría de Estado para el Deporte inste a la Federación Española de Fútbol a que cese a Rafael Louzán de los cargos que ostenta “como responsable de la Tercera División en todo el Estado”.
En el escrito, también insta a la presidenta del CSD, Irene Lozano, a que se ponga en contacto con la Xunta y que esta aplique el artículo de la Ley del Deporte de Galicia que faculta al Comité Gallego de Justicia Deportiva, dependiente de la Secretaría General para el Deporte, a tomar las medidas oportunas.
“La condena de inhabilitación que recae sobre Louzán hace que pueda estar incumpliendo los estatutos de la propia Federación Gallega que indican que para tener la condición de miembro de los órganos de gobierno no se puede estar inhabilitado para desempeñar cargos públicos”, apunta.
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