El expresidente de la FEB, condenado a un año de cárcel por apropiación indebida

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado al expresidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB) José Luis Sáez a un año de cárcel por un delito continuado de apropiación indebida por cargar gastos personales a la propia entidad.

El caso se destapó a raíz de una auditoría que encargó el Consejo Superior de Deportes (CSD) en diciembre de 2015. Tras descubrirse el desfalco, se le investigó por varios delitos, entre ellos malversación de caudales públicos, apropiación indebida y administración desleal.

Tras concluirse la causa penal, la Fiscalía Anticorrupción le solicitaba cuatro años de prisión por un delito continuado de apropiación indebida, así como una multa de siete meses de multa con una cuota diaria de 100 euros. También acusaba al exdirector económico Luis Giménez Martínez, a quien solicitaba una pena de un año y nueve meses de prisión y multa de seis meses con una cuota diaria de 50 euros.

Al parecer, Sáez habría cargado supuestamente en la tarjeta de la federación gastos que no estaban relacionados con la actividad de presidente como comidas privadas, copas, puros y viajes, entre otros conceptos.

Los acusados han acudido esta mañana al juicio en la Audiencia Provincial de Madrid. En la vista han reconocido los hechos, condición que exige la ley para aceptar el acuerdo alcanzado hace unas semanas con la Fiscalía Anticorrupción.

De este modo, José Luis Sáez ha aceptado una condena firme de un año de prisión y una multa de cuatro meses y quince días, con una cuota diaria de 25 euros por la comisión de un delitos continuado de apropiación indebida.

Al exdirector económico se le ha impuesto una condena de seis meses de prisión y el pago de una multa de tres meses, con una cuota diaria de 25 euros.

En el transcurso de la investigación, al juez instructor Juan Antonio Toro se le acusó de delitos de prevaricación y revelación de secretos por facilitar supuestamente información a quien no era parte en el procedimiento penal que instruía contra el ex presidente de la Federación Española de Baloncesto.

Se le investigó a raíz de una querella interpuesta por el expresidente de la Federación Española de Tenis (FET) José Luis Escañuela contra el entonces secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, y la directora general de Deportes, Ana Muñoz. La Fiscalía solicitó 15 años de inhabilitación pero finalmente el Tribunal Supremo absolvió al magistrado.