MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
El hijo del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli, Luis Enrique Martinelli, ha sido extraditado este lunes desde Guatemala hacia la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, país donde se le acusa de blanqueo de capitales y ocultación de información.
Martinelli habría recibido varios millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de intermediar para beneficiar a la propia empresa de cara ala construcción de obras de infraestructura pública, apunta el diario ‘La Estrella de Panamá’.
Esta extradición se ha dado una vez que el pasado domingo las autoridades guatemaltecas, donde residía Martinelli, remitieran el expediente y la autorización pertinente a la Embajada estadounidense en el país.
La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos señala que tanto Martinelli como su hermano Ricardo Alberto actuaron como presuntos intermediarios en el pago de 28 millones de dólares –casi 25 millones de euros– por parte de Odebrecht a un exfuncionario panameño activo durante el periodo de 2009 a 2014.
El jurista James McGovern, quien cuenta con 25 años de experiencia, será el encargado de representar a Luis Enrique, y ya ha presentado en al Corte de Nueva York los documentos que lo acreditan como defensor de Martinelli.
“Mis hijos Luis Enrique y Ricardo Alberto renunciaron a todos los recursos ya presentados para acogerse voluntariamente a la extradición pasiva y ser entregados al Departamento de Justicia” ha trasladado el expresidente Martinelli sobre sus hijos en la red social Twitter.
Por su parte, la pasada semana el exmandatario fue absuelto del caso de ‘Pinchazos’, en el que se investigaban presuntas escuchas ilegales y espionaje en las instalaciones del Centro de Seguridad Nacional durante los años 2012 a 2014.
La investigación sí que probó que efectivamente se interceptaron y siguieron comunicaciones de al menos 150 empresarios, periodistas, dirigentes sindicales, diplomáticos, magistrados y políticos opositores al Gobierno de Martinelli, pero que estas nunca fueron autorizadas por la Corte Suprema de Justicia, apuntó el diario ‘La Prensa’.
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